Al momento de pensar el rol de la televisión estatal en la actualidad, desde nuestro Observatorio Comunicacional queremos aportar algunas reflexiones, teniendo en cuenta lo que sucede con Canal 7 y los debates que están faltando sobre la función del mismo.
Los medios de comunicación representan uno de los lugares más importantes para el ejercicio de la libertad de expresión. Este derecho es indispensable porque es aquí donde se hace efectivo el sistema democrático. Son estos medios un lugar indispensable para todos los ciudadanos, para responder con independencia y fidelidad a las necesidades informativas y culturales de la población, ya que los mismos deberían garantizar la diversidad de perspectivas en el tratamiento de los temas y, a su vez, también, dar lugar a una programación variada y de alta calidad.
En especial, el sistema de medios públicos es fundamental como garante principal para que se concrete la libertad de expresión, con una pluralidad de perspectivas y pensamientos, el acceso a todos los sectores, y libres de la influencia interesada del poder económico y político de turno. No obstante, en la actualidad observamos que la difusión de contenidos está caracterizada por una profunda crisis.
Son los medios de comunicación públicos quienes deben garantizar emisiones de interés local, nacional e internacional. Es indispensable reconocerlos como propios, ya que nos pertenecen a todos y por ello deben ser independientes de la política del gobierno y de las reglas que rigen el mercado.
Por el beneficio de la comunidad se hace indispensable respetar un sistema público que contenga una programación plural y de calidad. También, que se proponga de esta manera proteger y promover la libre expresión y libre información de los ciudadanos.
Con estos criterios es que analizamos un medio estatal, en esta oportunidad el Canal 7, para verificar hasta dónde se comporta como un medio público y no gubernamental. Esto es, verificar el grado de pluralidad en los contenidos que difunde, la apertura a voces discordantes del discurso oficial, la posibilidad de expresar libremente sus ideas a quienes opinan diferente, el lugar para la mirada crítica de cualquier ciudadano, organización o movimiento social que necesite o desee manifestar su pensamiento, opinión o demanda para ser escuchado por la comunidad.
Canal 7 es un canal de propiedad del Estado Nacional y por lo tanto debería ser un medio público. Esto quiere decir, en primer lugar, que se sostiene con los recursos de los contribuyentes (y no depende del financiamiento privado, más allá de que lo tenga a través de publicidades, como la mayor parte de los canales públicos del mundo). Pero el problema consiste justamente en que debería ser un canal público y no gubernamental.
A lo largo de la propia historia de la televisión estatal, así como en gran parte del mundo sigue sucediendo, existen tensiones entre lo público y lo gubernamental, ya sea en canales franceses, españoles, colombianos, venezolanos, etc.
En el caso de Argentina, siempre han existido problemas en torno al canal estatal, ya que casi todos los gobiernos intentaron transformar al mismo en una herramienta de propaganda gubernamental. Desde el propio surgimiento del canal en 1951, pasando por la dictadura militar (que hasta le cambia el nombre por ATC), el menemismo, la alianza, y finalmente el kirchnerismo.
Pero podemos afirmar que nunca se ha dado como en la actualidad el caso de que el canal llegue a tal grado de propaganda del propio gobierno, a devenir tan oficialista. Esto se observa no sólo en los contenidos que difunde (monocordes funcionales al partido en el gobierno), sino también en las voces que no tienen posibilidad de expresarse y en la información que no aparece en ese espacio, cuando se ve afectada la gestión oficial.
En un primer momento, desde el año 2004, se logró en el canal un avance en materia de contenidos culturales y educativos como hacía mucho tiempo no tenía. Pero a partir del año 2007 y fundamentalmente con los acontecimientos del 2008 (la falsa disputa entre sectores del gobierno y sectores del campo) el canal se ha transformado en un excesivo aparato de propaganda.
Y aquí no sólo nos estamos refiriendo a un programa en particular (como el caso del conocido y bien producido discursivamente, vale decirlo, “6,7,8”) sino a la programación noticiera en general: sobre todo en cuanto a los noticieros del medio día y de la noche.
Es llamativo que sean pocas las voces que estén cuestionando o discutiendo sobre esto. Un caso interesante se dio cuando el sábado 23 de abril, el periodista Reinaldo Sietecase (actualmente en Radio del Plata) fue invitado a un programa de Canal 9 (Buenos Aires): TVR, y allí planteó una situación de este tipo en la cual sugirió que el canal debería abrirse al debate y la participación de la oposición. A lo que ambos conductores plantearon como que si sólo era ese planteo por “6, 7, 8” y, para sorpresa, Sietecase habló del canal en general.
Existen también casos de otros periodistas que denuncian esta situación, aunque algunos lo hacen desde su lugar de defensa de su propio medio privado, lo que podría generar cierta desconfianza en la legitimidad a su discurso.
Cuando un canal se vanagloria de los contenidos que tiene, como el caso de Canal 7, debería terminar con ciertas lógicas operativas cuestionables, como por ejemplo, del menemismo, que si bien no era excesivamente gubernamental desde una postura explícita, lo era en el sentido de cambiar los contenidos por programas burdos y denigrantes para el espectador. Ahora, Canal 7 tiene una gran oferta cultural pero está oculta por el discurso único del oficialismo que ejecuta a rajatablas.
Entonces, frente a esta cuestión, desde el propio gobierno y desde el canal se repiten algunas falacias que es necesario señalar:
La falacia de buscar oposición y medios opositores
La defensa por parte del gobierno, allegados y partidarios del mismo, contiene dos errores graves con los que intentan justificar la ausencia de libertad de expresión, en especial de los opositores:
- El primero: que los opositores tienen medios privados para expresarse, cuando justamente los canales privados, como empresas que son, no tienen hoy la obligación de rendir cuentas a nadie sobre sus contenidos, siempre y cuando cumplan por ejemplo con lo que establece la ley (por ejemplo tiempo de publicidad, horario de protección al menor, etc.). Pero nadie puede obligar a decir algo a un medio privado, por la propia libertad de expresión y por lo que decimos que es una empresa.
- El segundo error consiste en que en la actualidad son pocos los canales opositores al gobierno (básicamente: TN, Canal 13 y América); más unas pocas radios (Mitre, Continental y Rivadavia); y tres diarios masivos: Clarín, La Nación y Perfil. Por lo que existe más bien un “control” gubernamental o un “apoyo” explícito al gobierno desde gran parte de los propios medios masivos (que son en parte de propiedad estatal y en parte privados pero sumamente condicionados por el dinero de la publicidad oficial).
Tal el caso de Telefé que, para no enojar al propio gobierno, quita de su programación la información y la opinión política y la reemplaza por realities o programas de medianoche donde pasan videos extraídos de internet en vez de analizar lo que sucede en el país.
De la misma forma trabajan otros canales para no enojar al gobierno y perder la pauta publicitaria oficial (al respecto ver FALLO PERFIL vs GOBIERNO que obligó a éste a no discriminar con la publicidad entre medios “amigos” y “enemigos”. O el caso de Página 12, que cuenta con una altísima pauta publicitaria frente a otros medios importantes que tienen una muy baja).
Por lo tanto podríamos decir que, teóricamente por el significado del término, no existe un monopolio (no existe sólo uno) mediático, sino oligopolios, uno que pertenece a Clarín y otro al propio gobierno (la suma de los canales públicos más los aliados privados –que son algunos de dueños amigos del poder- como el caso Spolsky.
Por otra parte, las decisiones de los canales estatales y sobre todo de Canal 7 pasan por la discrecionalidad de un funcionario (Juan Manuel Abal Medina) o directamente por el Jefe de Gabinete, sin consultar con nadie más, mientras que en un canal público como el chileno pasan por un grupo integrado por varias fuerzas políticas, al igual que en otros canales a nivel mundial (como es el caso de la BBC). Y se da la paradoja que mientras que en canales privados son invitados referentes del oficialismo, en Canal 7 sólo desfilan partidarios del gobierno.
Todo lo que aquí venimos expresando tiene que ver con la democracia en el sentido representativo del término, donde uno dirige pero varios gobiernan en representación de todos, y donde el canal estatal no es del partido-gobierno sino de toda la sociedad, ya que de lo contrario ello derivaría en prácticas como las que estamos cuestionando, que afectan a los derechos de la comunicación, a los derechos humanos en general y a la salud de la democracia.
En segundo lugar, porque lo más importante de todo este problema tiene que ver con la credibilidad de la sociedad que mira un canal que debe ser público, es decir de todos (al igual que es pública una escuela o un hospital) y que todos sostienen con sus impuestos.
De lo contrario seguirá sucediendo en Canal 7 los intentos de expulsión de los propios periodistas como el caso del excelente programa de Pedro Brieger (que derivó en la inclusión de un periodista que “aporte oficialismo al programa” como Raúl de La Torre, ocasionando así la pérdida de un sector de la audiencia seguidora del mismo). O el caso de la famosa expulsión de la periodista Marcela Pacheco (por criticar al gobierno en vivo) o aún más la de Víctor Hugo Morales en 2006 (entonces con posturas independientes, y que finalmente volvió a escena de nuevo, pero con un discurso oficialista).
Desde el Observatorio Comunicacional venimos insistiendo en la necesidad de una verdadera televisión pública, y en tal sentido nos expresamos durante el debate de la actual ley de medios, en coincidencia con otras organizaciones que comparten una preocupación similar y aspiran a ver en nuestra sociedad que los medios de comunicación estén al servicio de todos y por la construcción de un mundo mejor.
OBSERVATORIO COMUNICACIONAL (Programa de Extensión ‘Por una nueva economía, humana y sustentable’, Facultad de Ciencias de la Educación, UNER) Mayo de 2011
