viernes, 27 de febrero de 2015

Se censura a la disidencia en los medios estatales y paraestatales de Entre Ríos

A propósito de las públicas denuncias de censura y restricción de la libertad de expresión en El Diario de Paraná y la emisora estatal LT14 en el marco de la masiva movilización del día 18 de febrero, desde el Observatorio Comunicacional del Programa de Extensión "Por una nueva economía, humana y sustentable" de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER queremos expresar nuestro repudio a esas prácticas que rigen cotidianamente el desempeño del periodismo y la comunicación social en la mayoría de los medios de comunicación de la provincia, y nuestro compromiso de bregar por los derechos a la comunicación de nuestro pueblo, como derecho absoluto y fundamental para la construcción de una sociedad justa, libre y democrática.

El 18F en El Diario y LT14
Según trascendió[1] en redes sociales y algunos medios de comunicación de la región -en su mayoría digitales y no subyugados por la obsecuencia con el oficialismo provincial-, se censuraron información y opiniones en el contexto de la llamada Marcha del Silencio del "18F". Por un lado, la ex presidenta del Superior Tribunal de Justicia Venus Caminoa denunció que contrató el 17 de febrero con El Diario la publicación de una Solicitada, la cual fue "debidamente abonada en tiempo y monto" y debía aparecer en sus páginas el día 18 de febrero. Esto consta en la cuenta de Facebook de la abogada Fernanda Tardelli y fue ratificado por Caminoa. Sin embargo, la publicación solicitada no apareció en el número del matutino paranaense de ese día. El texto decía: "Venus Caminoa, en mi condición de ciudadana y ex miembro del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, adhiero al homenaje a la memoria del señor fiscal Alberto Nisman. Hay una tumba que interpela. Una imputación de ultratumba hostigará irremediablemente, por el resto de su vida, a la señora Cristina Fernández de Kirchner”.

A su vez, Martín Fabre, periodista trabajador de la radio (más) estatal (que) pública LT14, publicó en su perfil de la misma red social lo siguiente: "el director de LT 14 Radio General Urquiza Jorge Ballay acaba de bajar instrucciones de que hoy no se pase información sobre la Marcha del Silencio por la dudosa muerte de Nisman", prohibición que logró, triunfal, la ausencia de información en la radio "pública" sobre los acontecimientos que ocurrieron esa noche en Paraná y una decena de localidades entrerrianas. Renglón seguido, el periodista suelta: "generalmente no publico estas cuestiones en Facebook pero entiendo que están llegando al límite".
Martín Fabre, trabajador de la radio estatal, denunció en Facebook
la censura a la información sobre el 18F

El Diario de Paraná perdió hace unos años el prestigio que acompañó su labor periodística de más de nueve décadas tras ser cooptado por el gobierno de Sergio Urribarri a través de su compra en manos de empresarios aliados. Actualmente, funciona como un verdadero órgano paraestatal de difusión e información, por ejemplo, publicando textualmente gacetillas y notas emanadas de la Casa de Gobierno.
Jorge Ballay (der.), director de LT14 y uno de los principales aliados
comunicacionales del gobernador Sergio Urribarri

En el caso de  LT14, en cambio, se trata de un medio directamente estatal, en el que manifestaciones divergentes con la consideración oficial-gubernamental de hechos de gran importancia política -como la muerte de Nisman- son deliberadamente borradas de la agenda de información.

¿Y la Ley de Medios? Bien, gracias
La radio LT14 General Justo José de Urquiza pertenece a la Sociedad del Estado Radio y Televisión Argentina, entidad dependiente del Poder Ejecutivo Nacional y creada a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 (Ley de Medios). Esta ley -aunque consideramos que no garantiza el desarrollo de una comunicación popular, plural, democrática, libre y diversa en la Argentina- se funda en una serie de principios que son flagrantemente ignorados y vulnerados en la provincia de Entre Ríos. El Diario de Paraná y LT14 -en este caso con la censura del 18 de febrero- reincidieron en atentados contra la libertad de expresión que son moneda corriente en nuestra provincia desde hace años.

El extenso texto de la Ley de Medios contiene 26 veces el término "libertad de expresión", en muchos casos citando tratados y acuerdos internacionales considerados "parámetros" en la materia, como la Declaración de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de Ginebra 2003. Considera, por ejemplo, la ley que "los medios de comunicación, en todas sus modalidades y regímenes de propiedad (...) son un importante contribuyente a la libertad de expresión y la pluralidad de la información".

O incluye en los objetivos de su artículo 3° "la promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura, en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático". Y por las dudas insiste en que "los objetivos de la ley están alineados con los textos internacionales de derechos humanos, en particular los que se exponen vinculados a la libertad de expresión". La ley, tan mentada por sectores del kirchnerismo y afines, no sólo legisla sobre medios de comunicación sino que contempla que "para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información que disponen otros como el derecho a difundir la propia".

Cuatro breves extractos de los fundamentos de la ley bastan para entender no sólo como ilegítimas sino también como ilegales las acciones ejercidas por el director de la radio LT14 y cuales fueran los directivos de El Diario de Paraná que ordenaran la censura de la solicitada del 18F; casos de censura, insistimos, que se suman a la larga lista que viene conformándose durante los últimos años en la realidad de los medios entrerrianos. Ya es harto sabido que en nuestra provincia la Ley de Medios -que cumplió en octubre pasado cinco años- no se implementa ni se cumple, ni siquiera en los medios estatales, sino que se violan e ignoran deliberadamente sus principios más básicos.

Reiteramos nuestra profunda preocupación ante la violación sistemática de los derechos de la comunicación, puntales esenciales para la defensa del conjunto de los derechos humanos, y hacemos un llamado a la sociedad a expresarse contra estas prácticas habituales de quienes detentan el poder económico y el poder político a su servicio.

No hay democracia sin el respeto por las libertades de comunicación y sin la vigencia plena de la Constitución y de las leyes de la república.

Paraná, 26 de febrero de 2015.-




[1] Trascender: "Dicho de algo que estaba oculto: Empezar a ser conocido o sabido". Diccionario de la Real Academia Española

martes, 24 de febrero de 2015

Repudiamos criminalización de reclamos ambientales en Entre Ríos

Ante la arbitraria e ilegítima decisión del juez federal Pablo Sero de procesar penalmente a cinco compañeros de asambleas ciudadanas de nuestra provincia, con el falso argumento de entorpecer el normal funcionamiento del transporte terrestre, desde el Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” expresamos nuestra profunda preocupación ante esta ofensiva de la represión institucional y solicitamos la urgente revisión de la medida.

Recordamos que en agosto del año pasado una concentración de grupos de ambientalistas a la vera de la ruta ayudaron a desviar hacia la banquina a cuatro camiones que transportaban equipos para exploración sísmica cuyo fin era localizar yacimientos de petróleo bajo el Acuífero Guaraní en la zona de Salto y Piedra Sola de la República Oriental del Uruguay, sin entorpecer para nada el resto del tránsito vehicular.

En un acto de legítima defensa del ambiente, y ante el eventual peligro que significa la potencial explotación de hidrocarburos en la región que posee en su subsuelo una de las reservas de agua potable más importantes y valiosas del planeta, ciudadanos de diferentes organizaciones entrerrianas vienen trabajando para evitar que avancen los planes demenciales que impulsan los gobiernos de nuestra provincia, de nuestro país y del vecino país oriental.

Dado que los gobiernos no se destacan precisamente por defender los intereses de la sociedad y dada su total indiferencia ante el peligro que corren los recursos esenciales en nuestra región, es el propio pueblo que se ha decidido a ser protagonista y defensor de sus intereses, ante la complicidad de quienes deberían ser sus representantes, pero que han optado por la entrega y la depredación de nuestros bienes comunes.

Ante esta firme decisión en defensa del ambiente y la vida, la única respuesta del gobierno ha sido la represión realizada a través de la Gendarmería, y ahora la acusación judicial por un supuesto delito penal, donde lo único que se hizo fue evitar un mal mayor e irreversible que significaría la segura contaminación del Acuífero Guaraní por el uso de la técnica del fracking para la explotación de hidrocarburos en la región.

Hacemos un llamado a la sociedad para que se sume a este reclamo en contra de la medida y hacemos llegar nuestra total solidaridad con los compañeros ilegítimamente agredidos.

El agua es esencial para la vida – El fracking es la muerte de la región.
Basta de criminalizar la legítima resistencia social.

Luis Lafferriere - Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” 23 de febrero de 2015