Uno de los varios objetivos que perseguía la
política comunicacional del gobierno kirchnerista era controlar la mayor
cantidad de medios de comunicación para imponer su relato fantástico de un
supuesto proyecto “nacional y popular”, pero con otra finalidad más importante
aún para sus planes: ocultar las dos corrupciones que impulsaron impunemente.
Una de ellas, la megacorrupción, consistió en
la entrega de nuestras riquezas y nuestros bienes comunes (gran parte de ellos
estratégicos) a la usura internacional y a las grandes corporaciones
transnacionales. La otra, la corrupción gubernamental, que permitió el
enriquecimiento ilícito de propios y amigos a costa del saqueo de los recursos
del estado (es decir de toda la sociedad).
Ahora que no controlan gran parte de los
medios que habían condicionado, y muchos que estaban con ellos porque recibían
generosos aportes, se encuentran ante las crecientes y contundentes denuncias
de los múltiples hechos de corrupción que protagonizaron en el gobierno.
Entonces, como necesitan seguir mintiendo, trazan otras estrategias que son
analizadas por el periodista Luis Majul en la siguiente nota.
Por
http://www.cronista.com/economiapolitica/El-plan-de-Cristina-Maximo-Cristobal-y-Lazaro-para-evitar-ser-condenados-20160321-0014.html
cristina_maximo
La
expresidenta Cristina Fernández y su hijo Máximo Kirchner están más preocupados
por su futuro personal que por el acuerdo con los houldouts y el desgajamiento
del Frente para la Victoria y sus aliados.
La
semana pasada hubo contactos informales entre voceros y asesores de Lázaro Báez
y Cristóbal López (los empresarios K más comprometidos con actos de corrupción)
y dirigentes que responden a La Cámpora y todavía obedecen órdenes de la exjefa
de Estado. El motivo principal: hacer lo posible y también lo imposible para
que los hombres de negocios no terminen en la cárcel, como el número uno de
Odebrecht, de Brasil; también para que Ella y su hijo no acaben repudiados como
Luiz Inácio Lula Da Silva.
Entre
todos borronearon un plan de acción común: atacar “personalmente” y
“directamente” a los medios, periodistas, dirigentes políticos, fiscales y
jueces que investigan y documentan las denuncias. El objetivo es restar
credibilidad y desprestigiar a los “denunciantes” y presentar a los juicios que
se le siguen a Báez, López, Cristina y Máximo como “ataques políticos” de la
“derecha” para evitar que regrese en 2019 el gobierno “nacional y popular” que
habría fundado “las bases para reconstruir a la Patria”.
Como
el programa de propaganda 6 en el 7 a las 8 ya no está, y la mayoría de los
medios del Grupo Garfunkel Spolsky implosionaron, estos voceros y asesores que
conversan en secreto se juramentaron usar, de manera aviesa, cada mínimo
espacio en los medios de comunicación “propios” y “ajenos” para llegar a la
sociedad con un mensaje contundente.
Hasta
la semana pasada, los blancos señalados, eran, entre otros, Jorge Lanata; La
Nación, Hugo Alconada Mon; la Editorial Perfil, con Jorge Fontevecchia a la
cabeza, y también quien esto escribe. También están siguiendo con detenimiento
las denuncias de Elisa Carrió pero, en particular, la actividad de la diputada
nacional y líder de GEN Margarita Stolbizer. La excandidata a Presidenta
investiga con sobriedad y en detalle los vericuetos de la causa Hotesur en la
que Cristina, Máximo y Lázaro aparecen involucrados en un circuito de lavado de
dinero por el pago millonario de habitaciones del Hotel Alto Calafate que no se
habrían ocupado.
Además,
Stolbizer presentó una denuncia contra la ex AFIP por no haber investigado,
según ella, como correspondía, el escándalo de las facturas truchas de las
empresas de Báez en Bahía Blanca. Esta denuncia cayó en manos del juez federal
Sebastián Casanello y podría ser la llave para explicar el lado B del lavado de
dinero: la presunta complicidad de altos funcionarios públicos en el armado de
la ingeniería financiera y administrativa para consumar el delito.
De
hecho, ayer en La Cornisa presentamos una prueba documental inédita que deja a
Lázaro, a su hijo Martín pero también el exnúmero dos de la AFIP, Angel Rubén
Toninelli y el exdirector de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, Jorge
López Geraldi, en muy mala posición. Y es porque aparecen viajando, junto al
hijo de Lázaro, en el avión privado de Top Air, matrícula LV-ZSZ, 48 horas
antes del momento del conteo de dólares, euros y pesos en la denominada
“Rosadita”.
Para
qué viajó Toninelli, extitular de la DGI, desde Buenos Aires a Río Gallegos, en
el propio avión del hijo del empresario al que debía investigar y controlar?
Para qué Angel Toninelli se sentó en el avión privado junto a Martín Báez
y su propio hijo, Federico Toninelli, responsable de un estudio jurídico
dedicado al asesoramiento tributario? Y qué hacía López Geraldi, otra
vez, junto a Martín Báez, en el vuelo que partió de Río Gallegos y llegó a San
Fernando?
No
es una evidencia de promiscuidad entre lo público y lo privado ocupar un
asiento en la empresa de aviación del hombre al que López Geraldi le adjudicó
más contratos de obra pública en Santa Cruz? ¿Y no es muy sospechoso que
lo hayan hecho horas antes del repugnante conteo de moneda extranjera en
efectivo?
Margarita
Stolbizer trabaja para que las respuestas a estas preguntas lleven a los
responsables a ser indagados, condenados y si es posible, presos. Pelea para
que la causa Hotesur no termine cajoneada en el despacho del juez Julián
Ercolini, en quien no deposita demasiadas expectativas.
Pero
lo que preocupa todavía más a los colaboradores Cristina Fernández es que al
mismo tiempo Margarita prepara un libro sobre la ex presidenta con una hipótesis
inquietante: que Ella, lejos de terminar con los presuntos negocios sucios que
alentó su marido hasta el momento en que murió, los encubrió, los convalidó y
los acrecentó.
El
plan de Cristina, Máximo, Lázaro y Cristóbal para desprestigiar a medios,
periodistas, dirigentes, influir en la opinión pública y evitar la condena
judicial empezó de la peor manera: no tienen una estrategia clara, y los
soldados encargados de “ir a la guerra” son impresentables, o se niegan a tomar
las “armas”.
Incluso,
los asesores y voceros, habían maquinado la posibilidad de hacer públicos,
desde C5N, una serie de “programas especiales” para intentar destruir la
reputación de cada uno de nosotros. Uno que tenían en carpeta era contra
Lanata. El otro contra el diario La Nación. Y un tercero contra el amigo y
socio del Presidente, Nicolás Caputo. El objetivo habría fracasado porque la
mayoría de los periodistas que ocupan la pantalla de la señal del Grupo Indalo
se negaron a “pintarse la cara”. Incluso varios se resistieron a la orden de
leer en el aire el comunicado oficial de la empresa después de los
allanamientos ordenados por la jueza María Verónica Straccia, bajo la sospecha
de haber dejado de pagar los impuestos a los combustibles para financiar y
comprar medios de comunicación.
Tampoco
les está resultando óptima la estrategia de “infiltrar” a la producción en
programas que se nutren de “la grieta”, como Intratables. El mecanismo es
sencillo: los jefes de La Cámpora mandan al “debate” a políticos o colegas que
no tienen nada que perder, para acusar sin pruebas, y sin nada que viniera a
cuento, a periodistas, medios y dirigentes de cometer hechos ilícitos, y de
corrupción, con el doble propósito de ensuciarlos y desviar la polémica sobre
el tema propuesto: por ejemplo, el obsceno video en el que Martín Báez y otros
cuentan dinero en una cueva financiera y lo colocan en bolsos que no se pueden
levantar de tanto que pesan.
La
semana pasada, una ignota diputada nacional del Frente para la Victoria acusada
de neonazi por el Centro Simón Wiesenthal puso en duda mi actitud profesional.
