Festejamos nueva prohibición del fracking

Nuevo triunfo en defensa del ambiente y la vida

  Esta vez ha sido el Consejo Deliberante de la ciudad rionegrina de Viedma quien sancionó una ordenanza declarando la prohibición de esa técnica.

La explotación irracional de los recursos hidrocarburíferos ha alcanzado límites que ponen a la humanidad ante el peligro de su desaparición. Una de las consecuencias más negativas ha sido la emisión de gases de efecto invernadero en una magnitud que está modificando el clima que permitió la vida de los seres humanos por decenas de miles de años en este planeta.

  En el rumbo autista de la tendencia al crecimiento infinito, el sistema social que se ha impuesto en todo el mundo empuja a sacar cada vez más elementos de la naturaleza y arrojar cantidades gigantescas de desechos y residuos. A eso la economía convencional le llama crecimiento, la mide con un indicador que es el PBI (Producto Bruto Interno) y ha logrado que la casi totalidad de los gobiernos del mundo asocien el éxito de sus gestiones al aumento de ese indicador.

   Es mucho lo que oculta y deforma el relato tendencioso de los economistas “serios”, que sólo miran los números del crecimiento y de la rentabilidad empresaria, para decir que vamos bien, que lo importante son esas variables; aunque por otro lado una gran mayoría de la población no disfrute de los beneficios de ese progreso, y a la vez estemos depredando nuestros bienes comunes, al punto de poner en peligro nuestra propia existencia.

  Y para lograr las tasas extraordinarias de crecimiento, este sistema ha hecho un uso demencial de los recursos hidrocarburíferos, que hoy constituyen el 85% de las fuentes de energía que usamos todos los seres humanos, que para tenerlos a nuestra disposición debieron pasar decenas de millones de años, pero los estamos agotando en menos de dos siglos.

  Ante este agotamiento irreversible asistimos a un nuevo embate. Como los yacimientos convencionales (donde los hidrocarburos están más concentrados, más cercanos a la superficie y demandan menos esfuerzos y costos extraerlos) ya no aparecen con nuevos descubrimientos, y los descubiertos y explotados han llegado al cénit (máximas posibilidades de su producción), ahora las corporaciones del sector avanzan hacia zonas y lugares más difíciles y más costosas de extraer, pero además generando impactos negativos de tamaños enormes, poniendo en peligro aire, agua, territorios y poblaciones de zonas cercanas.

  Una de esas técnicas depredadoras es el fracking o fractura hidráulica, que implica una perforación vertical que puede llegar a miles de metros debajo de la superficie, y luego una perforación horizontal a lo largo de la roca madre que contiene petróleo o gas atrapado en burbujas, para luego hacerla explotar con presión de millones de litros de agua y más de 600 químicos contaminantes, de manera de permitir que el fluido liberado suba a la superficie.

  Los problemas provocados para obtener ese recurso incluyen la contaminación del agua usada para explotar la roca, la incapacidad de tratamiento del fluido que vuelve a la superficie totalmente contaminado, la afectación de los acuíferos por dichos fluidos pero también con los hidrocarburos del yacimiento explotado, la emisión de gas metano (con efecto invernadero veinte veces más potente que el dióxido de carbono), y la generación de movimientos sísmicos que ha superado en algunos casos los 5 grados, entre otros graves efectos que deben soportar los pueblos de las zonas de explotación.

  Sin embargo, así como la voracidad sin límites de las corporaciones petroleras y la complicidad de los políticos que permiten esa depredación intentan avanzar en contra de los intereses de los pueblos, la resistencia de éstos ha sido la única garantía que frenó parcialmente en muchos lugares que se pueda utilizar. Hay países, estados provinciales y numerosas ciudades en el mundo que la han prohibido. También en la Argentina avanza la resistencia antifracking y los éxitos de esta lucha justa y legítima.

  En nuestra provincia son 37 las localidades que ya han aprobado ordenanzas prohibiendo el fracking en sus respectivas jurisdicciones, y estamos luchando para que se haga ley un proyecto que lo prohíbe en todo el territorio. Mientras tanto, tomamos conocimiento y difundimos una nueva victoria, esta vez de los rionegrinos de la ciudad de Viedma, cuyo Concejo Deliberante acaba de aprobar una ordenanza que impedirá que el fracking pueda afectarlos y contaminar sus lugares de vida. Festejamos junto a los 53 mil rionegrinos que se suman a las zonas liberadas, por un ambiente sano y por la defensa de la vida.

  Felicitamos a los que han luchado por esta importante victoria. Un granito más de arena que va a formar montañas junto a miles de argentinos que venimos luchando no sólo contra el fracking, sino por la promoción de nuevas fuentes de energía, renovables y no contaminantes, y más aún por la construcción de otras formas de producción, de consumo y de vida, que sean más armoniosas entre los propios seres humanos y con la naturaleza de la cual formamos parte.

 El agua es vida. El fracking es la muerte.

 Luis Lafferriere / 29 de setiembre de 2916.

Energía y tarifazos: cuando las prioridades están al revés

17 julio, 2016 por R2820   

http://www.reporte2820.com/energia-y-tarifazos-cuando-las-prioridades-estan-al-reves/

 La sociedad argentina viene siendo sacudida con una sucesión de medidas económicas que se dirigen supuestamente (según los argumentos oficiales) a recuperar el necesario equilibrio macro y a poner la dosis de realismo que necesitaba la gestión pública, luego del desastre kirchnerista. Entre esas medidas se puede mencionar la fuerte devaluación de nuestro peso a partir de diciembre pasado, los sucesivos aumentos dispuestos en el precio de los combustibles, y los hiper-tarifazos que se dieron en los servicios públicos más esenciales, como el agua, la energía eléctrica y el gas. Todo eso acompañado por otras medidas que significaron claras transferencias de ingresos hacia sectores concentrados de la economía, en manos de las grandes corporaciones transnacionales, que percibieron con mucha claridad las señales amigables hacia ellos que se emitían desde la conducción del Estado nacional.

En este escenario, quienes gobernaron hasta diciembre sostienen que las medidas tomadas obedecen a un drástico cambio político, que evidencian la insensibilidad del nuevo gobierno y el nuevo rumbo tomado al servicio de las grandes corporaciones.

Desde mi personal mirada crítica, considero que sin duda el año 2016 muestra la continuidad esencial de las mismas políticas que se llevaron adelante en la última década, sólo que en un escenario cambiado que requería urgentes ‘ajustes’ al modelo (con medidas que se aplicarían con cualquiera de los dos candidatos que triunfara en el balotaje).

Ante al agotamiento de la fase expansiva del ‘modelo’ y su pasaje a la fase de estancamiento y ajuste, en los últimos años se intentó postergar las decisiones más ‘dolorosas’ por su indudable impacto negativo en términos electorales. Los elementos que favorecieron la etapa inicial se fueron transformando en obstáculos insuperables, y a pesar de los parches desesperados que intentó el gobierno anterior para evitar el desastre electoral, los desequilibrios e inconsistencias se fueron acumulando con la idea de asumir el ‘sinceramiento’ en la nueva gestión.

Al nuevo gobierno se le presentaban entonces, en líneas gruesas, dos caminos. Continuar con el modelo económico-social que se gestara en los últimos años de la década del ’90 y se desplegara con fuerza a partir del 2003, o intentar un camino diferente. Continuar significaba tomar medidas drásticas con costos sociales importantes, favoreciendo a los poderosos de siempre. Pero un camino diferente requería de modificaciones estructurales profundas, en defensa del conjunto de la sociedad y de su futuro estratégico, que ninguno de los partidos cercanos al poder tenían en su agenda.

El modelo vigente es producto de decisiones que se tomaron en función de las estrategias de las grandes corporaciones transnacionales y del capital financiero, y que resumo con la denominación de “neocolonial, extractivista depredador, de saqueo y corrupción”. Se apoya en un reducido número de ramas económicas que son insustentables y están controladas por monopolios y oligopolios que han colonizado al Estado y a la propia democracia. A la falta de sectores con generación masiva de trabajo genuino, se la cubrió con empleo público y masivos subsidios clientelares. Y hay que reconocerlo también, un modelo que ha logrado concitar el apoyo de una gran parte de la población, narcotizada con el hiperconsumismo irracional, que avala de manera pragmática a cualquier gobierno que le prometa mantener esa realidad sin mayores modificaciones (aunque haya corrupción, entrega servil de riquezas, masivo endeudamiento externo y nuevas renuncias a la soberanía en el futuro).

Entre las graves inconsistencias heredadas se encuentra la política en materia de energía y combustibles, que iniciara el justicialismo menemista en los ’90, de privatización y extranjerización de los recursos hidrocarburíferos y de los servicios públicos vinculados a la provisión de gas y electricidad. Esa política, profundizada luego por el mismo partido pero en cabeza del matrimonio Kirchner, garantizó la transferencia de la mayor parte de la renta del gas y el petróleo nacional a las petroleras privadas con precios libres a boca de pozo, haciendo recaer el peso de esa entrega en un creciente costo de producción de combustibles y energía que pagarían luego todos los argentinos. Así, en lugar de considerar que los hidrocarburos son bienes estratégicos y que pertenecen al pueblo argentino, los consideraron commmodities a entregar al mejor postor y sin límites para su explotación irracional (algo que hicieron efectivamente hasta que vaciaron peligrosamente nuestras reservas de gas y petróleo).

Luego de la hecatombe de principios de siglo y de la fuerte devaluación del peso, el mantener libre los precios a boca de pozo llevaba implícito la valoración de los mismos en dólares, lo cual multiplicaba su precio en pesos. Pero al trasladarse ese valor acrecentado al resto de las cadenas (energía y combustible) el precio a pagar por los consumidores y usuarios se hacía prohibitivo. Por lo tanto, aparecía la alternativa de limitar la renta extraordinaria captada por las petroleras y defender el poder adquisitivo de los argentinos… o aceptar el saqueo y, para evitar tarifas impagables, subsidiar desde el Estado los altos costos. El camino que tomó el kirchnerismo fue el segundo: dejar que las petroleras se queden con el grueso de la renta (precios libres a boca de pozo), y para evitar precios de combustibles y tarifas de gas y electricidad impagables para la gran mayoría, establecer subsidios estatales (en el fondo, el subsidio real más importante es el precio libre a boca de pozo, que benefició y beneficia a un puñado de firmas privadas).

Cuando el saqueo de nuestras reservas, con costos de extracción de alrededor de diez a doce dólares el barril y precios que quintuplicaban esos costos, fue llevando a situaciones críticas de las reservas, aparecieron las urgencias para importar. Con una producción nacional estancada o en caída y una demanda creciente, las mayores importaciones llevaron a un creciente costo del gas, necesario no sólo para abastecer el consumo interno sino también la generación de electricidad. Y como complemento de esas políticas de transferencia a las petroleras, con la ilusión de que al enriquecerse de esa forma se decidirían a realizar inversiones, se fueron dando nuevas concesiones, garantizando el Estado precios cada vez más altos a las petroleras. Esto encarecía el precio final de los combustibles (que pagan todos los argentinos) y las tarifas de electricidad y gas (que al no actualizarse eran cubiertas con fondos del tesoro nacional). Este proceso condujo a la acumulación de déficits de magnitud a las finanzas estatales, y también al comercio externo de hidrocarburos, que llegan a la actualidad a comprometer ambos frentes si no se toman medidas que vayan solucionando esa calamitosa situación.

El panorama que se presenta este año es un fuerte déficit en las cuentas del Estado, que tiene como un componente esencial el costo gigantesco de los subsidios a las tarifas, pero que esconde un componente de subsidio a las petroleras (por la renta que captan por el petróleo y el gas a boca de pozo) y a las empresas a cargo de los servicios de electricidad y gas natural. En especial, en la Ciudad de Buenos Aires, esas empresas han venido recibiendo ingresos de parte del Estado sin ningún tipo de control respecto de sus costos ni mucho menos de las inversiones realizadas a las que están obligadas de acuerdo a las concesiones recibidas. Como se trata de sectores que involucran servicios esenciales para la población, las medidas que se adopten deberían contemplar prioritariamente los intereses de los usuarios y la sustentabilidad de la actividad. Pero las prioridades que se manifiestan en las decisiones tomadas en los últimos meses muestran otra realidad. Se busca asegurar la continuidad de las fuertes transferencias a las empresas y de la renta a las petroleras, en tanto que los desequilibrios acumulados durante años se pretenden descargar de golpe como mazazos sobre el bolsillo de los usuarios, implicando una sumatoria de hipertarifazos que son absolutamente indigeribles para los mermados bolsillos del grueso de la población afectada. Y se hace además desconociendo los derechos humanos esenciales de recibir esos servicios indispensables, y en violación de disposiciones legales como la falta de convocatoria previa de audiencias públicas para debatir y definir el incremento de las tarifas.

Esto ha generado y va a generar sin dudas crecientes conflictos sociales y protestas populares que demandan del gobierno un giro drástico y urgente en el rumbo de sus políticas, más preocupadas en dar garantías incondicionales al capital más concentrado y los inversores externos, que en defender los intereses de amplios sectores de la sociedad que viven una crítica situación económica. Tomar el camino que lleve a beneficiar al conjunto contribuiría no sólo a mejorar la imagen del gobierno, sino también a fortalecer la democracia ante el avance peligroso de la voracidad de las corporaciones.

(*) Luis Lafferriere – Docente universitario de economía política. Director del programa de extensión de cátedra “Por una nueva economía, humana y sustentable” (UNER).