Se censura a la disidencia en los medios estatales y paraestatales de Entre Ríos

A propósito de las públicas denuncias de censura y restricción de la libertad de expresión en El Diario de Paraná y la emisora estatal LT14 en el marco de la masiva movilización del día 18 de febrero, desde el Observatorio Comunicacional del Programa de Extensión "Por una nueva economía, humana y sustentable" de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER queremos expresar nuestro repudio a esas prácticas que rigen cotidianamente el desempeño del periodismo y la comunicación social en la mayoría de los medios de comunicación de la provincia, y nuestro compromiso de bregar por los derechos a la comunicación de nuestro pueblo, como derecho absoluto y fundamental para la construcción de una sociedad justa, libre y democrática.

El 18F en El Diario y LT14

Según trascendió[1] en redes sociales y algunos medios de comunicación de la región -en su mayoría digitales y no subyugados por la obsecuencia con el oficialismo provincial-, se censuraron información y opiniones en el contexto de la llamada Marcha del Silencio del "18F". Por un lado, la ex presidenta del Superior Tribunal de Justicia Venus Caminoa denunció que contrató el 17 de febrero con El Diario la publicación de una Solicitada, la cual fue "debidamente abonada en tiempo y monto" y debía aparecer en sus páginas el día 18 de febrero. Esto consta en la cuenta de Facebook de la abogada Fernanda Tardelli y fue ratificado por Caminoa. Sin embargo, la publicación solicitada no apareció en el número del matutino paranaense de ese día. El texto decía: "Venus Caminoa, en mi condición de ciudadana y ex miembro del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, adhiero al homenaje a la memoria del señor fiscal Alberto Nisman. Hay una tumba que interpela. Una imputación de ultratumba hostigará irremediablemente, por el resto de su vida, a la señora Cristina Fernández de Kirchner”.

A su vez, Martín Fabre, periodista trabajador de la radio (más) estatal (que) pública LT14, publicó en su perfil de la misma red social lo siguiente: "el director de LT 14 Radio General Urquiza Jorge Ballay acaba de bajar instrucciones de que hoy no se pase información sobre la Marcha del Silencio por la dudosa muerte de Nisman", prohibición que logró, triunfal, la ausencia de información en la radio "pública" sobre los acontecimientos que ocurrieron esa noche en Paraná y una decena de localidades entrerrianas. Renglón seguido, el periodista suelta: "generalmente no publico estas cuestiones en Facebook pero entiendo que están llegando al límite".

Martín Fabre, trabajador de la radio estatal, denunció en Facebook
la censura a la información sobre el 18F

El Diario de Paraná perdió hace unos años el prestigio que acompañó su labor periodística de más de nueve décadas tras ser cooptado por el gobierno de Sergio Urribarri a través de su compra en manos de empresarios aliados. Actualmente, funciona como un verdadero órgano paraestatal de difusión e información, por ejemplo, publicando textualmente gacetillas y notas emanadas de la Casa de Gobierno.

Jorge Ballay (der.), director de LT14 y uno de los principales aliados
comunicacionales del gobernador Sergio Urribarri

En el caso de  LT14, en cambio, se trata de un medio directamente estatal, en el que manifestaciones divergentes con la consideración oficial-gubernamental de hechos de gran importancia política -como la muerte de Nisman- son deliberadamente borradas de la agenda de información.

¿Y la Ley de Medios? Bien, gracias

La radio LT14 General Justo José de Urquiza pertenece a la Sociedad del Estado Radio y Televisión Argentina, entidad dependiente del Poder Ejecutivo Nacional y creada a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 (Ley de Medios). Esta ley -aunque consideramos que no garantiza el desarrollo de una comunicación popular, plural, democrática, libre y diversa en la Argentina- se funda en una serie de principios que son flagrantemente ignorados y vulnerados en la provincia de Entre Ríos. El Diario de Paraná y LT14 -en este caso con la censura del 18 de febrero- reincidieron en atentados contra la libertad de expresión que son moneda corriente en nuestra provincia desde hace años.

El extenso texto de la Ley de Medios contiene 26 veces el término "libertad de expresión", en muchos casos citando tratados y acuerdos internacionales considerados "parámetros" en la materia, como la Declaración de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de Ginebra 2003. Considera, por ejemplo, la ley que "los medios de comunicación, en todas sus modalidades y regímenes de propiedad (...) son un importante contribuyente a la libertad de expresión y la pluralidad de la información".

O incluye en los objetivos de su artículo 3° "la promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura, en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático". Y por las dudas insiste en que "los objetivos de la ley están alineados con los textos internacionales de derechos humanos, en particular los que se exponen vinculados a la libertad de expresión". La ley, tan mentada por sectores del kirchnerismo y afines, no sólo legisla sobre medios de comunicación sino que contempla que "para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información que disponen otros como el derecho a difundir la propia".

Cuatro breves extractos de los fundamentos de la ley bastan para entender no sólo como ilegítimas sino también como ilegales las acciones ejercidas por el director de la radio LT14 y cuales fueran los directivos de El Diario de Paraná que ordenaran la censura de la solicitada del 18F; casos de censura, insistimos, que se suman a la larga lista que viene conformándose durante los últimos años en la realidad de los medios entrerrianos. Ya es harto sabido que en nuestra provincia la Ley de Medios -que cumplió en octubre pasado cinco años- no se implementa ni se cumple, ni siquiera en los medios estatales, sino que se violan e ignoran deliberadamente sus principios más básicos.

Reiteramos nuestra profunda preocupación ante la violación sistemática de los derechos de la comunicación, puntales esenciales para la defensa del conjunto de los derechos humanos, y hacemos un llamado a la sociedad a expresarse contra estas prácticas habituales de quienes detentan el poder económico y el poder político a su servicio.

No hay democracia sin el respeto por las libertades de comunicación y sin la vigencia plena de la Constitución y de las leyes de la república.

Paraná, 26 de febrero de 2015.-

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[1] Trascender: "Dicho de algo que estaba oculto: Empezar a ser conocido o sabido". Diccionario de la Real Academia Española

Repudiamos criminalización de reclamos ambientales en Entre Ríos

Ante la arbitraria e ilegítima decisión del juez federal Pablo Sero de procesar penalmente a cinco compañeros de asambleas ciudadanas de nuestra provincia, con el falso argumento de entorpecer el normal funcionamiento del transporte terrestre, desde el Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” expresamos nuestra profunda preocupación ante esta ofensiva de la represión institucional y solicitamos la urgente revisión de la medida.

Recordamos que en agosto del año pasado una concentración de grupos de ambientalistas a la vera de la ruta ayudaron a desviar hacia la banquina a cuatro camiones que transportaban equipos para exploración sísmica cuyo fin era localizar yacimientos de petróleo bajo el Acuífero Guaraní en la zona de Salto y Piedra Sola de la República Oriental del Uruguay, sin entorpecer para nada el resto del tránsito vehicular.

En un acto de legítima defensa del ambiente, y ante el eventual peligro que significa la potencial explotación de hidrocarburos en la región que posee en su subsuelo una de las reservas de agua potable más importantes y valiosas del planeta, ciudadanos de diferentes organizaciones entrerrianas vienen trabajando para evitar que avancen los planes demenciales que impulsan los gobiernos de nuestra provincia, de nuestro país y del vecino país oriental.

Dado que los gobiernos no se destacan precisamente por defender los intereses de la sociedad y dada su total indiferencia ante el peligro que corren los recursos esenciales en nuestra región, es el propio pueblo que se ha decidido a ser protagonista y defensor de sus intereses, ante la complicidad de quienes deberían ser sus representantes, pero que han optado por la entrega y la depredación de nuestros bienes comunes.

Ante esta firme decisión en defensa del ambiente y la vida, la única respuesta del gobierno ha sido la represión realizada a través de la Gendarmería, y ahora la acusación judicial por un supuesto delito penal, donde lo único que se hizo fue evitar un mal mayor e irreversible que significaría la segura contaminación del Acuífero Guaraní por el uso de la técnica del fracking para la explotación de hidrocarburos en la región.

Hacemos un llamado a la sociedad para que se sume a este reclamo en contra de la medida y hacemos llegar nuestra total solidaridad con los compañeros ilegítimamente agredidos.

El agua es esencial para la vida – El fracking es la muerte de la región.

Basta de criminalizar la legítima resistencia social.

Luis Lafferriere - Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable”-  23 de febrero de 2015

ACUEDUCTOS ¿OTRA GRAN ESTAFA AL PUEBLO ENTRERRIANO?

En un proceso de velocidad y ocultamiento sorprendentes, el gobierno provincial intenta sancionar una ley que le permitirá endeudar a nuestra provincia por más de 430 millones de dólares, para manejarlos luego de manera irregular y discrecional, poniendo como garantía de ese crédito los recursos que se reciben de la coparticipación federal de impuestos.

¿Se tratará de un nuevo intento de una gigantesca estafa a todos los entrerrianos, similar a la que el mismo gobernador procuró realizar a comienzos de su actual gestión, cuando a los pocos días de asumir los legisladores con abrumadora mayoría oficialista les impuso otra ley que entregaba por 99 años la totalidad de las tierras fiscales (incluyendo todo el delta entrerriano) a una sociedad anónima a constituirse, con un regalo adicional de 50 millones de dólares (que la provincia tomaría de una nueva deuda a garantizar con fondos de la coparticipación federal)?.

Casualmente, en ambos casos se justifica el intento de engaño con el argumento de lograr una mayor producción agraria en la provincia, en especial de arroz y otros productos exportables, sin ningún estudio previo que lo avale y sin considerar la evaluación del impacto ambiental de las obras propuestas.

Imágen: AIM Digital

En qué consiste esta nueva y millonaria trampa
Se trata de un proyecto de ley que autoriza al poder ejecutivo a endeudar a la provincia con bancos chinos por más de 430 millones de dólares más intereses, y a contratar con una corporación de ese país obras para dos acueductos, de manera directa y sin licitación.

El crédito será garantizado con los fondos que la provincia recibe de la coparticipación federal de impuestos (con el riesgo de que se desfinancien otros gastos esenciales como la salud y la educación).

Pero también se contempla en un plazo máximo de seis meses la creación de nuevos tributos que tendrán como destino la amortización de la deuda y el futuro pago de los intereses que devengue la misma, lo que anticipa una mayor presión tributaria sobre los contribuyentes entrerrianos.

En el Anexo que acompaña el proyecto figuran las posibles cláusulas y condiciones que regirían el convenio (la “Hoja de condiciones”), que pueden ser modificadas de manera unilateral por el ICBC (Banco Chino de Industria y Comercio), y que incluyen un interés anual del 4,5% más la tasa Libor, siendo la legislación de Inglaterra la ley aplicable en caso de diferencias que puedan surgir. El plazo que fija la constructora china para mantener su oferta es que se acepte el crédito antes del día 28 de febrero de 2015.

Estas disposiciones implican de manera resumida que se pretende endeudar al Estado provincial por una suma multimillonaria, y con cuyo monto el Poder Ejecutivo hará la contratación directa de la obra de los dos acueductos, omitiendo el proceso licitatorio obligado que establece la Ley de Obra Pública.

Pero además no se brinda información respecto de los detalles de las obras a construir, habiendo negado su acceso ante el pedido de los propios productores de la zona y de reiteradas presentaciones de una organización ambiental. También se menciona en los fundamentos del proyecto la firma de un Memorandum de Entendimiento que el Ejecutivo provincial acordó con la corporación china en enero del 2014, pero tampoco se conocen los términos del mismo.

Esto significa que a ojos cerrados se autoriza tomar deuda a la provincia por más de 430 millones de dólares más intereses, sin tener la mínima información respecto de la aplicación de tales fondos. Sólo se tiene la certeza de que los mismos serán administrados de manera irregular, sin convocatoria a licitación, por el propio Ejecutivo.

Pero aunque a la sociedad entrerriana se le niega el derecho a conocer los términos del acuerdo, y no pueda tener la garantía del uso adecuado de esos fondos, sí queda obligada a pagar el crédito que se tome (amortización e intereses) para lo cual se pone como garantía de ese pago los recursos que provengan de la coparticipación federal de impuestos (que es la principal fuente de financiación del tesoro provincial). Y adicionalmente, deberá pagar también con nuevos tributos que impondrá el Ejecutivo, y que según el articulado los creará en un plazo de seis meses.

Agravando lo ya comentado respecto de esta potencial estafa a los intereses de nuestra provincia, se acepta renunciar implícitamente a nuestra soberanía aceptando de manera repudiable la legislación inglesa, poniendo a la provincia como un mero sujeto privado que deberá dirimir cualquier diferencia que surja en el marco de las leyes del imperio británico.

Los argumentos oficiales a favor de la operación

Como se mencionara antes, las razones oficiales esgrimidas para solicitar la aprobación del proyecto de ley se basan en supuestos beneficios para las producciones del agro entrerriano, el impacto favorable para mejorar la situación económica de la zona, la ampliación de la superficie cultivada, la prevista suba de un 10% de la producción agraria provincial, etc. Se llega a afirmar, incluso, que será tan rentable la obra a realizar, que permitirá que “recuperemos la inversión, como mínimo al mismo ritmo que vamos pagando los servicios del crédito tomado” (lo que se contradice con el texto de la norma, que anticipa la creación de nuevos tributos para la futura cancelación del crédito).

Sin embargo, del texto del proyecto no surge ningún indicio de que esas afirmaciones tengan sustento o se basen en estudios serios sobre la viabilidad económica y financiera, los costos y rentabilidad de las potenciales producciones, ni mucho menos de los posibles beneficiarios en el caso de la realización de las obras.

Lo que no se conoce y se oculta
Es inexplicable que no conste ni en el proyecto ni como información adicional, detalles de los dos acueductos que se proponen construir, como tampoco se da información del contrato que se pide aprobar con las empresas chinas. Además, si lo que dice explícitamente el texto del articulado ya constituye un grave hecho que implica violaciones a leyes vigentes y un preocupante apartamiento de principios republicanos básicos (publicidad de los actos de gobierno), ¿cómo serán las cláusulas y disposiciones que se buscan imponer a través del ocultamiento de lo que no se conoce?.

Respecto de los potenciales beneficiados por la obra, no hay estudios ni información que anticipe de qué manera pueden llegar a recibir mejoras en su situación los pequeños productores de la zona, o por qué mecanismos se logrará un aumento sustancial de la producción agraria. En todo caso, son muchas las dudas acerca de la sustentabilidad económica de las producciones, ya que en algunos casos se dependerá del riego que se ofrecería a cambio del pago del servicio, que seguramente se establecerá según los costos del funcionamiento del sistema de riego, que según se anticipa sería intensivo en el uso de energía. En este caso se requiere un análisis serio y profundo de los futuros escenarios de colapso energético ligados al agotamiento gradual e inexorable de los combustibles fósiles, que llevará en un plazo relativamente corto a un encarecimiento excepcional e irreversible de los mismos.

Una reflexión adicional requiere lo relativo al impacto ambiental que producirá la obra, estudio que no existe a la fecha (al no existir detalles de los acueductos, de las zonas precisas donde se construirán, del territorio que se destinará a producir y del estado actual del mismo). ¿Se piensan realizar nuevos desmontes? ¿No se agravará el grave y conocido problema de la erosión de la tierra? ¿Se trabajará en nuevos suelos donde no hay garantía de su capacidad para sostener otras producciones?

Estas son algunas de las muchas dudas que surgen de la cuestionable actitud del gobierno provincial, que sin consultar a los productores involucrados ni a organizaciones con diversos conocimientos que pueden enriquecer el necesario análisis previo, no duda en impulsar una ley que endeudará a los entrerrianos por más de 430 millones de dólares más los intereses.

¿Qué motivos lo llevan a negar la información a los interesados y violar la indispensable publicidad de los actos de gobierno?

¿Qué razones justifican dar tanta rapidez al tratamiento legislativo, sin posibilidades de un debate serio y de estudios previos imprescindibles para decidir?

¿Qué intenciones se ocultan para no convocar de manera amplia a todos los sectores que pueden y deben aportar a un proyecto de semejantes características?

Por las razones expuestas, desde nuestro Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la carrera de Comunicación Social de la UNER hacemos un llamado urgente a la responsabilidad de los legisladores, para que no avalen con su voto este oscuro proyecto que con su texto abre el camino a posibles estafas a los intereses de toda la sociedad.

Asimismo, convocamos a la comunidad y sus múltiples expresiones (medios, entidades, organizaciones, partidos, movimientos, gremios, etc) a movilizarse, exigir el freno del proyecto, informarse, y evitar con su activa participación que se consumen actos lesivos para todos los entrerrianos.

Luis Lafferriere

Programa de Extensión "Por una nueva economía, humana y sustentable"

Paraná, 18 de enero de 2015.-

LA LUCHA POR LA VIDA

El pueblo de Andalgalá sigue en pie su lucha frente al avance de los mega proyectos mineros que están terminando con nuestros pueblos y nuestras vidas. Una lucha contra el poder corporativo apoyado por el gubernamental que son cómplices de la explotación, la contaminación, el padecimiento, la muerte y el olvido. 

Los vecino/as de Andalgalá, agrupados en la Asamblea El Algarrobo, una vez más toman la iniciativa de defender sus derechos en reclamo de la vida y en contra de los mega proyectos mineros en nuestro territorio.Reproducimos comunicado de prensa 

Comunicado de Prensa

ANDALGALA-CATAMARCA

ANDALGALÁ – EL PUEBLO QUE NO DESCANSA

El 14 de diciembre de 2009 nació en Andalgalá, Provincia de Catamarca, la Asamblea El Algarrobo, como una de las formas de manifestación de resistencia ante la explotación del yacimiento mega minero Agua Rica, que provoca la contaminación del agua, las tierras y el aire, afecta la salud de nuestro pueblo y saquea nuestros recursos naturales. Al mismo tiempo, tomamos conocimiento de que las autoridades provinciales habían otorgado la autorización para el Proyecto mega extractivo “Pilciao 16”, el cual planeaba extraer el mineral ubicado debajo del casco céntrico del pueblo, amenazando así nuestra existencia.

Desde entonces, cada sábado, los vecinos caminamos por la vida de forma ininterrumpida, a pesar de la judicialización de la protesta, la represión, y la violencia institucional que venimos sufriendo 
desde el nacimiento de la Asamblea; las cuales son ejercidas por las autoridades judiciales, administrativas, políticas y fuerzas de seguridad, de la provincia de Catamarca, como así también del Municipio de Andalgalá, han convertido a la zona en una verdadera DICTADURA MINERA.

Ya llevamos 260 caminatas desde aquel entonces, y seguiremos caminando hasta encontrar la verdad, la justicia y la paz para nuestro pueblo, al que la desidia de las autoridades ha condenado a vivir amenazado en forma permanente con la pretendida instalación de estos mega proyectos de muerte.

La Asamblea El Algarrobo, una vez más, tomó la iniciativa de defender los derechos del pueblo en reclamo del agua y de la vida, en contra de los proyectos mega mineros en nuestro territorio. En esta ocasión los vecinos de Andalgalá tomamos la decisión de reclamar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) la protección de nuestros derechos, a raíz de la denegación arbitraria de justicia que hemos sufrido en todas las instancias judiciales de la Provincia de Catamarca.

El 19 de enero de 2010 se presentó una acción de amparo contra la empresa Minera Agua Rica, por la extracción del mega yacimiento minero que lleva el mismo nombre. En la causa judicial se plantea la ilegitimidad del acto administrativo emitido por la Secretaría de Minería de la Provincia de Catamarca (SEM), el cual autorizó la explotación del mega yacimiento Agua Rica; pese a no cumplir los requisitos previstos en el Código de Minería y la Ley General del Ambiente (Ley N° 
25.675).

El reclamo tramita ante la CSJN bajo el Expediente N° 1314/2012 T° 48 Letra M, caratulado como “Sergio Martínez y otros c/ Minera Agua Rica y su subsidiaria Yamana Gold y LLC y otros”, y se encuentra desde hace más de un año en la Procuración General de la Nación, trabando así la 
continuidad del trámite que permitiría a la Corte dictar una sentencia.

Los 20.000 habitantes de Andalgalá esperamos una respuesta favorable de la justicia, en defensa del agua, de nuestra tierra, de nuestras vidas, de nuestra identidad cultural que, en definitiva,

EVITE LA DESAPARICIÓN DE NUESTRO PUEBLO.

Es por ello, que hoy decidimos manifestarnos pacíficamente ante la CSJN, en reclamo de una respuesta judicial urgente, que ponga fin al estancamiento en el que se encuentra el expediente desde el 30 de julio de 2013, que efectivamente garantice los derechos del pueblo de Andalgalá.

POR LA VIDA

POR EL AGUA

POR NUESTRO TERRITORIO

POR LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS

POR LA PAZ

FUERA LAS MINERAS DE NUESTROS NEVADOS DEL ACONQUIJA

CONTACTOS:

Brian Chayle: (03835) 15402660

Giselda Ignes: (03835) 15529315

Agrotóxicos, ¿qué se oculta y que se muestra?

“En 1976 el INTA quedó intervenido, los líderes campesinos fueron perseguidos y los nombres más fuertes de la Sociedad Rural Argentina se anclaron en el poder armando sociedades de hecho con multinacionales y preparando el terreno para que veinte años más tarde una empresa como Monsanto entrara por la puerta grande sin que nadie le pusiera resistencia”

Con esas palabras, Soledad Barrutti contextualiza en su libro Malcomidos la entrada de Monsanto a nuestro país lo que significó el inicio de la devastación de nuestras tierras, cultivos y lo más grave el inicio de enfermedades irreversibles que avanzan silenciosa y mortalmente alrededor de nosotros, cubiertas por el silencio y la invisibilización que imponen los grandes grupos económicos, las empresas productoras de agroquímicos y el gobierno.
Casi como una burla Monsanto Argentina se presenta en su página web (http://www.monsanto.com/global/ar) como una Compañía de agricultura sustentable. Y este es el inicio de todo el debate.

En nuestra provincia el debate por los Agroquímicos se ha instalado desde hace un tiempo alentado por la gran cantidad de casos de enfermedades y malformaciones que comenzaron a salir a tomar estado público. Comenzando por el departamento de San Salvador donde las muertes por cáncer duplican la media nacional, y continuando por el resto del territorio provincial, las consecuencias por el descontrolado uso de agroquímicos se agravan cada vez más.
Como se puede leer en un artículo publicado en abril de este año por el sitio plazademayo.com, “(En San Salvador) El polvillo que emana de las arroceras viene cargado de diversos pesticidas. Roberto Dekimpe, 57 años, trabaja en el molino Ala, del grupo de agronegocios Adecoagro. Este hombre, de hablar cansino, conoce en carne propia el peligro de los agroquímicos. Un accidente de trabajo en 2008 lo marcó para siempre. ‘Estaba fumigado con Potosín (sulfuro de aluminio) y no tomé las precauciones que tenía que tomar. El Potosín con la cáscara de arroz es mortal’, relata. ‘Estuve en terapia intensiva y tuve la suerte de zafar. Desde ese momento empecé a estudiar las reacciones de los agroquímicos.’ ‘Para secar el arroz se usa mucho paraquat. Ese químico es terrible’, apunta sobre este herbicida. De nombre comercial gramoxone, el Paraquat tiene varias consecuencias negativas para la salud”. Y así relatos similares se encuentran a lo largo y ancho de la provincia dónde la utilización de estos agroquímicos produce consecuencias irreversibles para la salud y el medio ambiente.  http://www.plazademayo.com/2014/04/vivir-entre-agroquimicos-morir-como-moscas/

Profundizando en la problemática del modelo de producción agrícola entrerriano basado en el monocultivo de soja transgénica y sus efectos nocivos sobre la salud de las personas, es que decidimos desde este espacio hacer un recorrido por el lugar que medios regionales dedicaron, desde junio hasta la fecha, a la problemática; teniendo en cuenta que en el medio se debatió, a nivel legislativo, la Ley de Agroquímicos en la provincia. En referencia a esto se esperaba que para el mes de junio el Senado aprobase la Ley, pero gracias a las acciones en repudio a dicha normativa que llevó adelante el Foro Ecologista de Paraná junto a otras organizaciones sociales como Entre Ríos SÍ, entre venenos NO; AGMER; Junta Americana de los Pueblos Libres, la Cámara de Senadores de la provincia decidió no tratarla en el recinto y postergar su aprobación. Se trata de una Ley que representa un gran retroceso en materia de legislación ambiental pues el texto reducirá de 3.000 a 200 metros la distancia mínima entre las fumigaciones aéreas y las poblaciones urbanas lo cual significa una violación a la propia Constitución Provincial que establece en su Art. 83 que: el Estado debe fijar “la política ambiental y garantiza(r) la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad”.
Esto hecho generó  muchas discusión y repudio en gran parte de la población, excepto en los sectores del gobierno y de los mismos legisladores que están más cerca de las propias empresas fumigadoras que de la población afectada. En muy pocos medios regionales se le dio lugar a este debate. Análisis Digital fue uno de los medios que hizo un seguimiento exhaustivo de todas las cuestiones de trasfondo de la Ley y de los reclamos. Desde junio a la fecha se puede ver como el medio abarcó la problemática en todas sus instancias e incluso dio lugar a las voces de las organizaciones sociales. Así, algunos de los artículos que encontramos publicados al respecto son:

“En la próxima sesión, el Senado aprobaría la nueva Ley de Agroquímicos para la provincia”. http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&sec=1&no=204702

“El Foro Ecologista denunció que los senadores están “a punto de violar la Constitución”  http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&sec=1&no=205064

“Convocan a una vigilia contra la sanción de la Ley de Agroquímicos” http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&sec=1&no=205128

“Ley de agrotóxicos: “Conseguimos que no se trate y vamos por más”, dijeron ambientalistas”  http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&sec=1&no=205325

“Habrá que ver cómo se reglamenta y quién controla”, dice la FAA sobre la Ley de Agroquímicos” http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&sec=1&no=204701

El Colegio de Abogados de Entre Ríos analiza la ley provincial de agroquímicos  http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&sec=1&no=205593

Ya en los mismos titulares se puede ver como Análisis incorpora el discurso de todos los actores sociales, tomando postura al respecto, y no sólo la voz de un único sector como si lo hizo, por ejemplo, El Diario de Paraná que de junio a la fecha publicó un solo artículo en referencia a la sanción de la Ley (Prometen votar la ley de agroquímicos para julio http://www.eldiario.com.ar/diario/interes-general/nota.php?id=112680). A lo largo del mismo, el medio sólo hace lugar a las opiniones de los legisladores encargados de votar la normativa por lo tanto se desprende de ello una nota totalmente a favor de la Ley e incluso se la defiende y justifica: “(La Ley) Tiene como ejes centrales la defensa de la salud humana, del ecosistema, de los recursos naturales y de la producción agropecuaria y de terceros. Se hace responsables a quienes utilicen los mismos, de los daños que puedan ocasionarse por usos indebidos o contrarios a lo que disponga la norma que se propone. Para el senador Cresto “se trata de una legislación nueva, sobre un tema que es eje central del cambio de ideas en muchas provincias argentinas. Queremos que se haga un uso correcto de las sustancias y que haya procesos productivos sustentables”. Aquí la pregunta sería, ¿Qué entiende el medio y los legisladores por sustentable? Resulta contradictorio ya que nada que mate podría ser sustentable.

Respecto a los términos utilizados por cada medio en su discurso; El Diario de Paraná habla todo el tiempo de productos “fitosanitarios”, que es la denominación que se le da a los agrotóxicos en la Ley. Así intenta disminuir el efecto y quitar gravedad, a los ojos de los lectores, del peligro que significan esas sustancias.

Fuera del debate de la Ley, Análisis Digital ha ido publicando, desde Junio a la fecha, un gran número de otros artículos en referencia a cuestiones como el daño y las muertes que la utilización de los agrotoxicos producen en  localidades entrerrianas. En el siguiente link se puede acceder a más de cien artículos que el medio ha publicado al respecto: http://www.analisisdigital.com.ar/archivo.php?Texto=agroquimicos&imageField.x=0&imageField.y=0 . Todos ellos con un sentido de protesta social en cuanto a la utilización y siempre incorporando las voces de organizaciones sociales y ambientalistas que luchan por la causa.

La agencia AIM Digital por su parte, realizó (y continúa realizando) también un seguimiento del tema como así también reflejando las luchas y protestas sociales al respecto. En diversas notas publicadas a lo largo de estos meses, AIM se hizo eco de las voces de los diversos sectores involucrados en la discusión. Desde las organizaciones no gubernamentales hasta los activistas ambientales, pasando por los propios senadores.
En los contenidos publicados abarca todas las intervenciones que se realizaron para informar sobre el Proyecto de Ley y sensibilizar a la población y “advertir a los legisladores que la iniciativa que tratan en comisión no tiene licencia social” (http://www.aimdigital.com.ar/2014/07/03/fuerte-rechazo-a-la-ley-de-agroquimicos-frente-a-la-casa-gris/).

AIM da lugar a los reclamos de organizaciones como la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, la Asamblea contra el Fracking de Concordia y la Asamblea Ambiental de Colón en su lucha por impedir la  aprobación de la Ley que significaría la expulsión de población rural según la Red Nacional Ecosocialista, además de considerar que esta iniciativa profundizará el modelo de saqueo que a nivel naciones quedó plasmado en el Plan Agroalimentario 2020 (http://www.aimdigital.com.ar/2014/06/29/habra-vigilia-y-radio-abierta-en-repudio-a-la-ley-de-agroquimicos/ ) .

Las notas de AIM ponen el acento en rescatar las voces de los sectores que luchan contra la Ley para concientizar a la población de los peligros que ella representa para la vida humana y ambiental. Así, uno de los mensajes más directos que reproduce es el de un “genocidio lento, silencioso y agresivo que se da en todo el territorio provincial” (http://www.aimdigital.com.ar/2014/07/03/fuerte-rechazo-a-la-ley-de-agroquimicos-frente-a-la-casa-gris/) .
Las publicaciones en busca de lograr la mayor objetividad posible reproducen las voces de ambos lados, incluyendo además las opiniones de los Legisladores que promulgan la Ley. Así el lector se encuentra con un medio que le brinda información de todos los escenarios posibles abriendo el debate. 

El Diario de Paraná, en cambio, el único artículo que publicó fuera del tema de la Ley, fue uno referido al primer Congreso Argentino de Periodistas Agropecuarios que se desarrolló en Entre Ríos. Bajo el título: Agroquímicos, tema de debate entre productores y ecologistas http://www.eldiario.com.ar/diario/rural/nota.php?id=117498 . El medio pone el acento en el panel en cual se debatió sobre el tema pero sólo resalta las citas de los expositores que defendían e incluso reivindicaban el uso de estas sustancias tóxicas. Por lo tanto ya existe una primer contradicción con el título, ¿Cuál es el debate entonces? . A lo largo de la nota se pueden leer los siguientes párrafos: “El ingeniero agrónomo Carlos Toledo, docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER y capacitador del Copaer, por su parte, aseguró que es posible llevar adelante una producción agropecuaria en armonía con el medio ambiente, dio datos sobre la agricultura entrerriana y defendió la aplicación de agroquímicos, sobre la base de las llamadas Buenas Prácticas Agrícolas, porque, entre otros beneficios, posibilitó el incremento de los rendimientos de los cultivos. “No nos gusta hablar de agrotóxicos –como nadie habla de ‘humanotóxicos’ al referirse a los medicamentos– sino que preferimos hablar de agroquímicos o plaguicidas”, diferenció Toledo. Recordó, en otro orden, que las intoxicaciones por agroquímicos son de denuncia obligatoria y que en el período 2009-2013, en Entre Ríos, se registraron 19 casos de intoxicaciones por plaguicidas de uso agrícola, mientras hubo 143 de intoxicaciones por plaguicidas de uso doméstico. Al retomar estas palabras, El Diario está construyendo un discurso totalmente funcional a sus intereses como empresa afín al gobierno de turno, ese mismo gobierno que defiende la nefasta Ley. Resulta incomprensible que se hable de que hubo solo 19 denuncias y que por ende está todo bien. A esta altura es de público conocimiento que los agrotóxicos están arrasando con poblaciones enteras e incluso comprometiendo a las generaciones futuras que ya nacen, y nacerán, con enfermedades crónicas. Un número de denuncias no dice nada, por el contrario oculta. Reducir la mortalidad a la que estamos asistiendo a un simple número es no tener clara consciencia de la gravedad  del asunto a pesar de estar en conocimiento. 

Una pieza comunicacional para el cambio social

En el marco de la sección "Una pieza comunicacional para el cambio social", compartimos un nuevo video realizado por los alumnos de la Cátedra de Economía de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación (UNER). 

En esta oportunidad los autores de la pieza son Matías Aranguiz, Fabricio Leiva, Natalia Salas; y el tema que trabajaron es el Modelo Agroindustrial, haciendo un repaso histórico por la llamada agroindustria y un análisis de la realidad actual. 

POR UNA VERDADERA SOBERANÍA ENERGÉTICA

Charla abierta:Por una verdadera soberanía energética 

El movimiento Entre Ríos Libre de Fracking brindará una charla abierta el jueves 20 de noviembre en la sede de AGMER Paraná a partir de las 20 horas. En esta oportunidad expondrán la Dra. Emma Bargagna y el especialista en temas de energía Félix Herrero quienes se referirán a la situación actual que vive la Argentina en relación a las políticas oficiales de entrega de nuestros recursos hidrocarburíferos y de nuestra soberanía nacional. Recordamos que recientemente el Congreso Nacional aprobó una nueva ley de hidrocarburos por la que se permite la entrega de los yacimientos de petróleo y gas a las corporaciones extranjeras por plazos que llegan a superar este siglo, y sin observar ningún tipo de resguardo por el ambiente y la vida en los territorios donde actúen. Es un cheque en blanco que se otorga para hacer fracking, una de las técnicas más depredadoras y contaminantes que se utilizan en el mundo, que ha sido prohibida en varios países por sus consecuencias nefastas, en especial al arruinar los acuíferos en las zonas de su desarrollo. El movimiento por Entre Ríos Libre de Fracking invita a toda la comunidad a participar de esta charla y sumarse a los reclamos por la inmediata derogación de esa ley tan favorable y permisiva para las corporaciones, a la vez que tan negativa para los intereses de la Nación Argentina y su pueblo. El ambiente, el agua, la salud y la vida de la gente son inmensamente más valiosos que el mezquino interés de las transnacionales que sólo buscan maximizar sus beneficios a costa de la depredación. Más información: info@porunanuevaeconomia.com.ar