martes, 24 de febrero de 2015

Repudiamos criminalización de reclamos ambientales en Entre Ríos

Ante la arbitraria e ilegítima decisión del juez federal Pablo Sero de procesar penalmente a cinco compañeros de asambleas ciudadanas de nuestra provincia, con el falso argumento de entorpecer el normal funcionamiento del transporte terrestre, desde el Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” expresamos nuestra profunda preocupación ante esta ofensiva de la represión institucional y solicitamos la urgente revisión de la medida.

Recordamos que en agosto del año pasado una concentración de grupos de ambientalistas a la vera de la ruta ayudaron a desviar hacia la banquina a cuatro camiones que transportaban equipos para exploración sísmica cuyo fin era localizar yacimientos de petróleo bajo el Acuífero Guaraní en la zona de Salto y Piedra Sola de la República Oriental del Uruguay, sin entorpecer para nada el resto del tránsito vehicular.

En un acto de legítima defensa del ambiente, y ante el eventual peligro que significa la potencial explotación de hidrocarburos en la región que posee en su subsuelo una de las reservas de agua potable más importantes y valiosas del planeta, ciudadanos de diferentes organizaciones entrerrianas vienen trabajando para evitar que avancen los planes demenciales que impulsan los gobiernos de nuestra provincia, de nuestro país y del vecino país oriental.

Dado que los gobiernos no se destacan precisamente por defender los intereses de la sociedad y dada su total indiferencia ante el peligro que corren los recursos esenciales en nuestra región, es el propio pueblo que se ha decidido a ser protagonista y defensor de sus intereses, ante la complicidad de quienes deberían ser sus representantes, pero que han optado por la entrega y la depredación de nuestros bienes comunes.

Ante esta firme decisión en defensa del ambiente y la vida, la única respuesta del gobierno ha sido la represión realizada a través de la Gendarmería, y ahora la acusación judicial por un supuesto delito penal, donde lo único que se hizo fue evitar un mal mayor e irreversible que significaría la segura contaminación del Acuífero Guaraní por el uso de la técnica del fracking para la explotación de hidrocarburos en la región.

Hacemos un llamado a la sociedad para que se sume a este reclamo en contra de la medida y hacemos llegar nuestra total solidaridad con los compañeros ilegítimamente agredidos.

El agua es esencial para la vida – El fracking es la muerte de la región.
Basta de criminalizar la legítima resistencia social.

Luis Lafferriere - Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” 23 de febrero de 2015

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Porque la libertad de expresión es un derecho..Opiná, argumentá!!