CENSURA A UN FILM

La violación sistemática a los derechos de la comunicación no alcanza sólo a quienes desean expresarse a través de los medios, sino que se trata de una política de Estado que intenta garantizar que el relato fantástico del gobierno kirchnerista no sea cuestionado en ningún espacio público. En este caso, la censura sutil llega a un film que muestra la trama mafiosa que llevó al asesinato de Mariano Ferreyra, con la complicidad del Ministro de Trabajo tomada.

COMUNICADO DE LOS REALIZADORES DEL FILM ¿QUIEN MATÓ A MARIANO FERREYRA?"

Red Nacional de Medios Alternativos / 13.04.13

Reclamamos a Espacios INCAA salas para la proyección de "¿Quién mató a película Mariano Ferreira?" y exigimos la derogación de la resolución
982.
Tras una primera semana exitosa en todas las salas que se exhibió, Julián Morcillo y Alejandro Rath, los directores del film realizaron el pedido al INCAA de la programación de, al menos una función, en 11 salas de las 42 que Espacios INCAA posee en todo el país, durante la semana próxima. El pedido responde al interés recibido desde todo el país por ver la película antes del 19 de abril, cuando se conozca la sentencia del juicio que se lleva adelante contra Pedraza y el resto de los imputados por el crimen de Mariano. 
Como respuesta recibieron un rechazo sin más explicaciones, en línea con la actitud del Instituto frente al lanzamiento de la película, "ya nos habían negado la posibilidad de hacer la premier en el Monumental cuando no había ningún estreno nacional más en la semana y nos habían bajado la programación de dos salas INCAA que estaban programadas desde el 22 de marzo sin dar explicaciones" dijo Morcillo. Esta actitud está en consonancia con la firma de una reciente resolución (982/13) de Liliana Mazure, que disuelve la vía de subsidios y el Comité de Evaluación que aprobó la realización de este proyecto. 
Dicha resolución tiene por objeto ajustar la cantidad de proyectos documentales a realizar, pero por sobretodo digitar un nuevo comité de evaluación que reemplace al existente elegido democráticamente por seis asociaciones de directores. A la creación del nuevo comité de evaluación puesto a dedo, le agrega la de un comité de visualización que compare la obra terminada con el proyecto aprobado como condición para la entrega de la última cuota del subsidio. Y penaliza con la devolución de la totalidad del subsidio a la obra que no adecue sus contenidos. 
"Esta es la Ley de Medios aplicada a la producción de documentales. 

Pretende la reproducción de un guión, de un relato que permanezca inmutable durante los 18 meses que otorga para su producción. Supone que la historia no cambia, que el documentalista no cambia, que nada que escape a su control ideológico puede cambiar. Al peligro del cambio le opone la ruina del documentalista. Es una censura ideológica y económica", prosiguió.
"Esta resolución es un atropello a la independencia de la creación cinematográfica y augura un triste futuro a los proyectos críticos del poder, por eso nos vamos a movilizar al INCAA junto a DOCA y las demás asociaciones de documentalistas el próximo martes" concluyó Morcillo.