La ley provincial 9.759, denominada Ley de la Madera, procuraba
evitar que la madera generada en el territorio entrerriano fuera destinada a
abastecer la producción de fábricas de pasta celulósica altamente contaminantes
ubicadas y a radicarse en la República Oriental del Uruguay. Fue
sancionada en marzo del 2007 a partir de una fuerte demanda ciudadana
en defensa del ambiente.
La mencionada ley dispone la prohibición a las
empresas de esta provincia de venta de rollizos y chips destinados a la
exportación para abastecer a las industrias pasteras del vecino país, ya que
esa actividad genera contaminación aérea y de los cursos de agua compartidos
con la Argentina, lo que afecta principalmente a los habitantes de
Entre Ríos y en especial a los que viven sobre el Río Uruguay.
A la vez, el texto de esa ley establece que “la madera
proveniente de plantaciones o forestaciones ubicadas en el territorio
provincial no podrá salir de la jurisdicción sin previo procesamiento y/o
transformación que le genere valor agregado. Exceptuase de esta restricción la
madera con destino a plantas industriales cuyos responsables demuestren
fehacientemente la transformación de la misma en tales establecimientos, y la
que se emplee para tijeras, estacas y rodrigones”.
Esto abrió la posibilidad para el desarrollo en origen
de actividades de procesamiento industrial diverso para nuestra madera, lo que
redunda en la posibilidad de nuevas empresas que generan valor agregado a la
producción primaria y en la generación de muchas fuentes de trabajo. Eso se
contempla en la misma ley, que señala que la Provincia deberá
incentivar la radicación de nuevas industrias y la modernización de las ya
existentes en el territorio.
Hoy existe en la provincia un interesante desarrollo
industrial del sector maderero, con dos plantas importantes y numerosos aserraderos
y talleres, que son los demandantes de la producción primaria de madera, la que
además se vende al resto del territorio nacional. Eso significa que la
colocación de la madera y de los subproductos por parte de los productores
entrerrianos no presenta actualmente ninguna dificultad.
Sin embargo, los que sí tienen dificultades de
abastecimiento son los demandantes del país vecino, en especial sus pasteras
contaminantes, que serán los principales beneficiados si llegara a derogarse la
ley 9759.
Pero no sólo se beneficiará la producción uruguaya que
afecta negativamente nuestro ambiente, sino que además se perjudicará la
actividad industrial en nuestro territorio, que tendrá que hacer frente a
mayores costos y además dejar de lado cualquier proyecto de desarrollo que
involucre a la madera como materia prima.
El argumento del proyecto oficialista que dispone la
derogación de la ley a los efectos de impulsar un programa foresto industrial
es absurdo, en principio. Pero está en línea con los grandes intereses
corporativos que buscan avanzar en liberar los mercados para que sean presas
del mejor postor, sin contemplar en esas acciones que se perjudique el
ambiente, las actividades productiva entrerrianas y la generación de trabajo en
nuestro territorio.
Cuestionamos no sólo el intento burdo de legislar y
gobernar para los capitales más concentrados, sino también la hipocresía de
argumentar que la derogación de la ley fomentará la forestación y con ello se
aportará a luchar contra el calentamiento global. La plantación de
monoproducción de árboles, como bien afirma Jorge Daneri en un reciente
artículo “no solo no preserva el ambiente sino que tiene efectos más que
negativos sobre el trabajo y la familia rural, la diversidad biológica y su
monte nativo, la gestión del agua y su preservación, como la profundización de
la expulsión del hombre de campo hacia las ciudades, entre tantas otras
problemáticas”.
Si en realidad la preocupación por el ambiente y por
el cambio climático (una de las principales amenazas que pesan sobre los
humanos que habitamos este planeta) es verdadera, entonces las autoridades y
mucha gente de negocio involucrada, deben ocuparse por detener la deforestación
de nuestro monte nativo y por modificar radicalmente el modelo de producción-destrucción
imperante en el agro argentino y entrerriano, donde el cultivo en gran escala
de transgénicos con uno masivo de agrotóxicos es responsable de generar (a lo
largo de toda la cadena) entre un 47 y un 55% de la emisión de gases de efecto
invernadero que se generan en todo el mundo.
Y si en realidad la intención es de llevar adelante un
programa de desarrollo de la industrialización de la madera, no será
facilitando la venta de nuestra producción primaria a las pasteras
contaminantes del vecino país como lograremos concretarlo. Todo lo contrario,
la derogación de la ley actual sólo traerá dificultades a las fábricas,
aserraderos y talleres que trabajan con la madera en nuestro territorio
provincial, y abrirá las puertas a una potenciación de la contaminación que
generan esas mega empresas de pasta celulósica (no sólo las que ya existen,
sino las que están en proceso de apertura y esperan esta señal ‘amigable’ de
parte del gobierno provincial).
Si los legisladores que deben representar los intereses
de todos los entrerrianos son concientes y asumen la responsabilidad por el
apoyo que recibieron de la sociedad, deben rechazar de plano el proyecto
oficialista, mantener la vigencia de la ley 9759, y proponer acciones para
proteger efectivamente el ambiente y promover realmente la producción y el
empleo en la provincia.
Paraná, 31 de octubre de 2016.-
Luis Lafferriere
Director Programa de Extensión “Por una nueva economía humana y
sustentable”
Facultad de Ciencias de la Educación – UNER.
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