Como ya se ha convertido en una práctica
habitual (aunque repudiable desde el punto de vista democrático y republicano),
el gobierno nacional sigue disponiendo el uso de recursos públicos cada vez más
cuantiosos para beneficiar a los ‘empresarios’ de medios amigos, muchos de los
cuales son extranjeros y con fuertes lazos con el poder económico.
La noticia que reproducimos da cuenta de ese
desigual reparto de la torta, que tiene como finalidad principal reforzar el
relato fantástico de un país donde no hay inflación, no hay inseguridad, no hay
pobreza ni desigualdades sociales.
Reparto desigual Nueve empresas se quedaron con el 80% de la pauta
oficial
Los grupos Telefé, Canal 9 y Manzano-Vila, los más
favorecidos
Por José
Crettaz | LA NACION
Jueves 21 de febrero de 2013 | Publicado en edición impresa
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El 80% de la publicidad oficial nacional
en 2012 fue a manos de nueve grupos de medios, según un relevamiento privado de
inversión bruta (es decir, sin considerar los descuentos que suelen aplicarse
en el mercado publicitario).
El estudio revela que la inversión del Gobierno en publicidad en diarios y
revistas, radio AM y FM, televisión abierta y paga, Internet y vía pública
superó los $ 1900 millones, un 43% más que en 2011. El 95% de esos recursos se
concentraron en TV y prensa gráfica.
Los grupos privilegiados con la pauta federal son, de mayor a menor según el
monto recibido: Telefé (Canal 11, de Buenos Aires y otras ocho emisoras de TV
abierta en el interior del país); Manzano-Vila (América TV, A24 y Canal 7 de
Mendoza, y varios diarios del interior, entre ellos, La Capital , de Rosario);
Radio y Televisión Argentina (RTA, empresa estatal que controla Canal 7 y las
más de 50 emisoras de Radio Nacional); el empresario mexicano Remigio Ángel
González González (dueño de Canal 9 y FM Aspen); los medios que el empresario
kirchnerista Cristóbal López le compró a Daniel Hadad en abril pasado (C5N,
Radio 10 y otras cuatro FM), y el diario Pág 12.
Les siguen el
grupo Olmos (dueño de los diarios Crónica y Buenos Aires Económico, de Crónica
TV y socio de la productora Underground), y el grupo Ámbito Financiero
(propietario del diario homónimo y del Buenos Aires Herald).
Según las cifras
del monitoreo, a cargo de la única empresa que sistemáticamente releva la
inversión publicitaria en la
Argentina (pero que prefiere no ser identificada), cada uno
de estos grupos de medios recibió entre $ 400 millones y $ 50 millones durante
2012 sin considerar eventuales descuentos sobre sus tarifas publicadas.
De acuerdo con
fuentes del mercado de medios, los descuentos habituales a los precios que
figuran en los tarifarios publicitarios son de alrededor del 20% en los diarios
y del 50% en televisión, aunque el Estado no siempre es beneficiado con esas
reducciones porque suele demorarse en los pagos. Si se restan aquellos
porcentajes a la inversión bruta estimada, la cifra real superaría los $ 1100
millones, un 43% más que en el período anterior.
El reparto de la
publicidad oficial está a cargo del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.
Las últimas cifras oficiales sobre esa distribución datan de 2011 y pueden
verse en la página web del organismo. En todo aquel año, el Estado nacional
invirtió $ 771.157.683 (18% más que en 2010).
Según un reciente
informe de la
Auditoría General de la Nación (AGN), en el que ese organismo cuestionó
la falta "de parámetros objetivos y precisos para su distribución",
la pauta oficial nacional fue en 2010 de $ 654.360.501 (un 20% menos que en el
período anterior); en 2009, de $ 821.692.100 (75% más que el año anterior); en
2008, de $ 468.855.776 (23% más), y en 2007, de $ 381.365.668.
Según este relevamiento, los grupos de medios que en porcentaje más
aumentaron su facturación de dineros públicos fueron el de Cristóbal López
(300% más), que pasó de 15 millones a 61 millones de pesos brutos;
Szpolski-Garfunkel, 62%; Ámbito Financiero, 54,3%; Telefé Telefónica, 53,2 por
ciento, y Manzano-Vila, 18,8%.
Este último grupo es controlado por el ex ministro menemista José Luis
Manzano y Daniel Vila, pero en distintos medios cuenta con socios minoritarios
importantes, como Francisco de Narváez en América 2, A24 y Radio La Red. Según dijo Vila al
diario Perfil hace un mes, de la facturación de su grupo "la influencia de
la pauta oficial oscila entre el 4% y el 6%", y señaló al grupo Szpolski
como el más beneficiado por el Estado.
El mexicano
González-González apenas aumentó un 5%, lo que le permitió conservar el tercer
puesto entre los grupos de medios que más fondos estatales nacionales reciben.
En contraposición,
otras empresas periodísticas prácticamente no reciben pauta oficial ,
como LA NACION ,
Editorial Perfil, El Cronista y el Grupo Clarín, entre otros. En el caso de
Perfil hay un dato adicional: el gobierno nacional aumentó casi 10 veces la
pauta invertida en las revistas de la editorial Televisa/Atlántida (Gente y
Para Ti, entre otras), su principal competidor, que pasó de menos de un millón
de pesos en 2011 a
más de 8,5 millones brutos en 2012.
Prohibición adicional
A esta
discriminación se sumó el mes pasado la prohibición de publicar avisos en los
diarios de la Capital
Federal aplicada por la Secretaría de Comercio Interior a los grandes
supermercados y cadenas minoristas en el contexto de acuerdos de congelamiento
de precios.
Esa prohibición,
que fue comunicada informalmente por el Gobierno, pero bajo apercibimiento de
sanciones si se incumple, alcanza a los avisos de ofertas y hasta al
posicionamiento de marca (donde no se mencionan precios).
A medida que el
reparto de la pauta oficial se fue haciendo más discriminatorio para los medios
independientes, algo confirmado por dos fallos judiciales definitivos en el
caso de la Editorial
Perfil (uno que conminó al Gobierno a no marginar a esa
editorial en el reparto de la publicidad del Estado y otro que lo multó por no
cumplir esa orden), la
Jefatura de Gabinete fue retrasando la publicación de los
datos oficiales y cambiando la forma en la que se entrega esa información, lo
que dificulta un seguimiento sistematizado en el largo plazo.
Así lo han
denunciado reiteradamente organizaciones pro transparencia como la Asociación por los
Derechos Civiles (ADC) y Poder Ciudadano, entre otras. En su último informe, el
Comité para la Protección
de los Periodistas (CPJ según sus siglas en inglés), una ONG que defiende la
libertad de prensa en todo el mundo, afirmó que "el gobierno de la
presidenta Cristina Kirchner ignora a la Justicia y continúa distribuyendo la publicidad
oficial de manera discriminatoria".
Según un trabajo
del investigador del Conicet Martín Becerra, el Estado nacional concentra el 9%
de toda la torta publicitaria pública y privada, lo que lo convierte en el
principal anunciante del país, con mayor capacidad que otros actores para
condicionar la existencia de muchos medios de comunicación. Entre los
anunciantes privados más importantes, según Becerra, las multinacionales
Unilever y P& G alcanzan el 5% y 4,5% de la torta publicitaria,
respectivamente.
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