Utilizar el aparato del Estado para
otorgar beneficios irregulares a los amigos, es un acto de corrupción e
ilegalidad. Mucho más grave cuando los beneficiarios son monopolios que
acumulan riquezas en perjuicio de toda la sociedad, y además manejan
importantes medios de comunicación, a través de los cuales mienten, mienten y
mienten, para reforzar el fantástico relato oficial.
Afsca Desigualdad ante la ley
Las últimas resoluciones de la
Afsca prueban que la ley de medios se aplica en forma
desigual con la intención de favorecer a empresarios amigos y acallar las voces
disidentes del Gobierno.
Por Redacción LAVOZ 07/03/2013
La presidenta
Cristina Fernández proclamó ante el Congreso de la Nación que su gobierno no
practicaba un “capitalismo de amigos”, lo cual es desmentido en la aplicación
de la Ley de
Medios de Comunicación Audiovisual.
Ese instrumento
fue sancionado por ambas Cámaras con un amplio respaldo, no sólo del
oficialismo sino también de partidos opositores, que creyeron en la promesa del
Gobierno de que se trataba de un instrumento para crear una pluralidad de voces
en el espectro radioeléctrico, como así también en las señales televisivas.
Nada más alejado
de la realidad, como denunciaron en su momento los diputados y senadores que no
están enrolados en el kirchnerismo.
En el caso de la
ley de medios, la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
(Afsca) –que ni siquiera pudo completar su integración por una caprichosa
objeción del oficialismo a un candidato que corresponde nominar a la oposición–
adopta resoluciones que colisionan con los declamados principios de libertad y
pluralismo.
Por caso, ese
organismo autorizó el funcionamiento del canal de televisión abierta Telefe
–que pertenece a la compañía de telecomunicaciones Telefónica– con el curioso
argumento de que su propietario no es el medio local, sino la casa central
española. Esto pese a que el propio canal reconocía en su portal en Internet el
control accionario por parte de la subsidiaria argentina y la presencia de
directivos que cumplían funciones en ambas compañías.
Entre otras
resoluciones que violan principios constitucionales, como la igualdad ante la
ley, la libertad de prensa y el derecho de acceso a una información plural,
acaba de autorizar que el grupo empresario Indalo, perteneciente a Cristóbal
López, adquiera el canal C5N y Radio 10, además de otras emisoras de frecuencia
modulada, cuando ese tipo de transacciones está prohibido en la normativa.
El texto legal
impide que empresarios ligados a prestaciones de servicios públicos –como es el
caso de Cristóbal López–puedan controlar los medios de comunicación.
Los argumentos
expuestos por otros prestadores de esos servicios y por el único representante
de la oposición que autorizó el Gobierno no hicieron mella en la decisión
adoptada por Martín Sabattella y otros funcionarios, quienes se reconocen como
militantes kirchneristas.
Esas transgresiones
son visibles también, por ejemplo, en la adjudicación de la publicidad oficial,
que casi en su totalidad se destina a medios amigos del Gobierno, no obstante
sus escasos niveles de audiencia y lectura. Los reiterados fallos de la Corte Suprema de
Justicia en sentido contrario tampoco han sido acatados.
La igualdad ante
la ley se declama, pero es una práctica desconocida por el autoritarismo del
kirchnerismo, que en cada acto vulnera principios constitucionales y jurídicos
que el propio oficialismo se encargó de sancionar con rebuscados argumentos. Es
claro: el objetivo “vamos por todo” está por encima de cualquier ley.
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