Dado que el gobierno nacional
continúa violando de manera sistemática la ley en beneficio de sus
‘empresarios’ amigos, al menos queda la esperanza de que un futuro gobierno
pueda sacarle las licencias que ilegalmente recibió Cristóbal López. Mientras
tanto, es nuestra obligación denunciarlo e informar de ello a la sociedad.
Afirman que el futuro gobierno podría sacarle de
pleno derecho las licencias a Cristóbal López
Es porque el artículo 165 de la Ley de Medios establece que
las violaciones a la norma son nulas de pleno derecho. Es decir,
imprescriptibles. La transferencia de C5N y Radio 10 violó al menos dos
artículos, según Alejandro Pereyra, el director del Afsca impugnado por el
gobierno.
La Política Online | 05.03.2013
La aprobación por parte de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA) de la transferencia de los medios de Daniel Hadad a
Cristóbal López dejó en el centro de las críticas al organismo que conduce
Martín Sabbatella, acusado de favorecer a los empresarios amigos del gobierno.
En diálogo con LPO, el abogado Alejandro Pereyra explicó en detalle cuales
fueron las faltas que la AFSCA
dejó pasar para “legitimar” la operación. Pereyra fue designado por el Frente
Amplio Progresista para ocupar el lugar que le corresponde a esa fuerza en el
directorio del organismo, pero fue impugnado por la Universidad Nacional
de La Plata y
el CELS que dirige el periodista oficialista Horacio Verbitsky.
De acuerdo con Pereyra, se violaron dos artículos de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, mientras que hay sospechas sobre un tercero. Esto
podría tener consecuencias legales ya que algunos legisladores de la oposición
están manejando la posibilidad de denunciar al directorio.
Sin embargo, Pereyra explicó que la
Ley de Medios da otra posibilidad para frenar la
transferencia de C5N y Radio 10 y cuatro radios FM, claramente violatoria de la
norma. De acuerdo con el abogado, la posibilidad de impugnar la decisión está
contemplada en el artículo 165.
Ese apartado establece que sus disposiciones son de orden público y “los actos
jurídicos mediante los cuales se violaren las disposiciones de la presente ley
son nulos de pleno derecho”. Es decir, que las violaciones son imprescriptibles
y la causa podría ser reabierta a corto, mediano o largo plazo.
Claro está que para eso suceda debería haber una decisión política del gobierno
de turno, algo que es difícil que suceda con el kirchnerismo, que ha elegido
como su empresario favorito al “zar del juego”.
Los puntos flojos
Pereyra sostiene que hay dos claras violaciones a la Ley. En principio, la más
evidente fue la infracción sobre el artículo 41, que establece que las
licencias “son intransferibles” y que la realización sin autorización previa
“será sancionada con la caducidad de pleno derecho de la licencia adjudicada y
será nula de nulidad absoluta”.
Pereyra también explicó que según el artículo 44 está “expresamente prohibido”
que un titular delegue a un tercero la explotación de su licencia. Esto fue lo
que sucedió en abril de 2012, cuando Cristóbal López se hizo cargo de C5N.
Según el artículo 108 inciso H, la delegación también es causante de la
caducidad de las licencias. “En ese momento, el Afsca ya tendría que haberle
retirado la licencia”, señaló el abogado.
Pero además hay una tercera sospecha sobre la operación. Es que la Ley de Medios prohíbe que los
titulares de empresas de servicios públicos sean propietarios de medios. El
Grupo Indalo manejaba hasta el año pasado la empresa Clear, encargada de la
recolección de residuos en Chubut. López afirma que el año pasado se desprendió
de la firma, como también de la concesión de colectivos en Neuquén.
Según Pereyra, si eso sucedió antes de abril de 2012, cuando se hizo cargo de
C5N, no habría inconvenientes legales. “Sería muy arriesgado que hubiesen
realizado la compra con ese vicio legal. De todos modos, no es sencillo
desprenderse de un servicio público, habría que investigarlo”, afirmó.
Pero también hay sospechas sobre otros negocios de López como las concesiones
en los peajes o las explotaciones petroleras, que son de carácter público
aunque no estarían afectadas. Así como la selección de su constructora en obras
públicas emblemáticas que impulsa el kirchnerismo como el polo audiovisual de
la isla Demarchi o las dos mega represas de Santa Cruz.
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